Publicado en Las Provincias, 16 de agosto de 2023
Salvador Peiró i Gregori. Grupo de Estudios de Actualidad
Se oye que tal empresa es… (pongan un epíteto negativo). Uno rastrea los nombres de tales negocios y halla personas que han llegado a montar un emporio comenzando desde cero. Sin embargo, encontramos otras que suelen ser autónomos o pequeñas entidades y, sin embargo, se las ignora. ¿Es que el tamaño importa para calificar o descalificar? Porque una empresa sea grande no se desprende a fortiori que maltrate a la gente, sea ésta sus trabajadores o los clientes.
Sucede que ciertas pequeñas clínicas con dos o tres empleados pudiesen practicar abortos; también pudiera ocurrir que un bar o un trasportista traficaran con drogas; y análogamente, tendríamos muchos más casos como hoteles X, puti-clubs (trata de “blancas”)… ¿Cómo clasificar a empresas pequeñas que denigran la dignidad de los afectados? Tales, salvo que crezcan exponencialmente, no tienen gran poder; pero, quitarían la vida de unos, malograrían la inteligencia-voluntad de otros, arruinarían a terceros… ¿Cuál debe ser la catalogación humanitaria de esos negocios?
Y, el estado-empresa mediante sus departamentos, ministerios o consejerías, si gestiona negativamente un asunto (pensemos en la ley si es si, o lo que se pronostica de la ley trans), ¿respeta la dignidad de los implicados en la aplicación de las disposiciones normativas? También se podría pensar sobre una posible desaparición de euros –cientos, miles o millones o cientos o decenas de millones–, que los contribuyentes depositarían en las manos de Hacienda, o provenientes de la Unión Europea, para aplicarlos a educación, sanidad, asistencia social… y que no se encontrasen. ¿Habría que descalificar o no al capitalismo de estado como macro-empresa inhumana?
Para enjuiciar tales hechos, y respondernos a las cuestiones concomitantes, deberíamos categorizar las empresas con relación al dinero y a los sujetos, según las situaciones siguientes: A) Si lo principal de un negocio es el euro, marginando a las personas, entonces sufren los trabajadores, sean del puesto de mando o de línea, y también los clientes, ya que cualquier va-i-ven repercutirá sobre ellos; en esto, a priori no cuenta la dignidad humana. B) Si prima lo subjetivo sobre el negocio, pudiera suceder que los deseos, caprichos, sagacidad o voracidad de unos y otros desborden la empresa, lanzándola al traste; aquí, aunque hay presencia importante del individuo, no se proyecta toda su dignidad, resultando una plasmación mediocre de la subjetividad; por este motivo encontramos que hubo y hay y cabrían situaciones que han dado al traste con estupendos negocios debido a esta emocionalización en la toma de decisiones. C) Cuando la institución mantiene el equilibrio entre capital y personas, se afinan los diversos componentes para sacar el mejor partido posible y en beneficio de unos y otros; sería análogo a la eficacia con eficiencia para los precios, gastos, intereses, etc.; en tales situaciones el respeto a los derechos y deberes de clientes, empresarios y trabajadores se hace presente mediante el diálogo negociador.
La postura A es inhumana por no considerar a la persona; tanto como la B, por disminuir lo personal a un mínimo nivel necesario, o al dominio de caprichos o deseos. La alternativa tercera –C– es la más conveniente, pues considera la dignidad de todos y la bondad del proceso productivo, tanto aplicado a los negocios privados (empresas, agricultores, intermediarios…) como en lo referente a las acciones del estado. No obstante, para que así ocurra, cabe apelar a una función que facilite esta postura: el estado no debe pretender abarcar cada vez más espacio vaciando la iniciativa privada. Si esto sucediese, aparte de la incapacidad de generar riqueza –la inercia de los estados que así han actuado lo demuestra–, se ahogaría la capacidad innovadora que per se hay en la empresa particular, así como se efectuaría una sustitución de métodos y procedimientos ralentizadores, que suelen pesar más sobre los empleados y dan peor producto a los clientes; entonces, el estado debería tratar de retirar sus garras en favor de una regulación de la ley del mercado y la seguridad jurídica.
La ley del mercado sin frenos, dejada a la del imperio del más fuerte, con las nuevas tecnologías nos ha traído la globalización, que se empareja con la pérdida de pautas culturales, ninguneo de la familia, paulatina neutralización de las PYMES, paro, más incertidumbre… Es el fenómeno inverso a la estatalización. Es decir, la inseguridad jurídica que diera más poder a empresas –grandes o diminutas – de la indignidad (abortos con pretensión de tráfico de órganos o para usos cosméticos, por ejemplo) se podrían calificar peor que salvajes, serían antihumanas. En consecuencia, resultaría una rentabilidad de inseguridad social, desigualdad (por ejemplo, podría significar un nuevo modo de esclavitud de la mujer), pobreza, etc.
Teniendo presente que el tener propiedad es un hecho natural, por consiguiente, no se trata de equiparar grandes y exitosas empresas como realidades antihumanas ni salvajes. Lo que habría que discernir es si hay una realidad subsidiaria en donde el estado garantice la seguridad jurídica –uno de sus aspectos es la protección de la dignidad de los individuos– y el facilitar que lo que puedan llevar a cabo las personas no debe ser abordado por lo estatal.