Publicado en Levante, 25 de agosto de 2025
Grupo de Estudios de Actualidad
Pedro López. Levante, 25 de septiembre de 2025
En cualquier organización hay comités de dirección que toman decisiones pertinentes en bien de la colectividad. Los componentes de esas ejecutivas han de poder hablar con libertad y confianza para tomar una decisión sin el temor a que lo que se diga en la reunión trascienda a terceras personas que no tienen derecho a conocer esas deliberaciones, salvo lo que les afecte. Si no, nadie abriría la boca, como pasa en los comités de los Partidos Comunistas: los de abajo no rechistan a lo que dicen los de arriba, por el peligro a su integridad.
Evidentemente, la relación de confianza se ha roto por parte de TVE, al emitir, sin permiso alguno, y sustrayéndola a la TV autonómica, una reunión que de entrada ha de ser confidencial, por el motivo anteriormente expuesto. Eso no se admitiría en ninguna institución: desde la deliberación de un jurado cuando comunica la sentencia –que efectivamente, dará a conocer colegial y razonadamente-; hasta un comité médico que ha de discernir la urgencia y/o los medios a poner en práctica para atender a un paciente, sin que luego el propio paciente pueda saber y visionar lo comentado, aunque se le pida un consentimiento informado.
Cualquier ente no está obligado a desvelar el contenido de conversaciones confidenciales, aunque sí advertir de aquellas resoluciones que afectan a los empleados, clientes, pacientes, ciudadanía, etc.
Parece que no es obligatoria la grabación en el CECOPI, pues se trata de un órgano consultivo; y se hizo con permiso de “sin sonido”, pero con sonido. Puesto que esa grabación existe, lo lógico es que la visione la jueza que instruye el caso, y se constituya en una prueba más que confirme o desmienta otras documentales, testificales, etc.; y la grabación se custodie, salvo que, por su importancia y/o relevancia para la opinión pública, y por tratarse de la desgracia que afectó a miles de personas, la jueza permita su visionado parcial o completo, o bien decrete su secreto, pues podría suceder que quedaran mal algunas personas sin que dicho comportamiento haya supuesto un delito o afectado a la imprudencia del momento, pero sí a la situación de excepción vivida.
En mi opinión, TVE ha actuado malévolamente, eligiendo el trozo de las conversaciones que más convenía para inculpar al gobierno de la Generalitat Valenciana. Pradas, a la sazón consellera encargada de Emergencias, ha visto arruinada su vida política, y con posibles consecuencias judiciales, ya que está imputada. No es necesario abochornarla torpemente, sin necesidad: se la juzgará, como a los demás, por sus actos, no por las palabrotas que pudiera haber dicho ella u otras personas, en momentos de especial tensión, recogidas en el vídeo del CECOPI.
Por otro lado, tal y como ha expresado el director de Levante, Joan-Carles Martí, puestos a saltarnos cualquier límite, ¡veámosla completa y sin recortes! Y sí, se debió entregar en su momento a la jueza sin ocultar esa grabación importante para todos. À Punt ha cometido un error.