Publicado en Levante, 16 de enero de 2026
Pedro López
Grupo de Estudios de Actualidad
Según datos oficiales del registro de subvenciones, en el año 2024, se contabilizaron, por parte del Estado Español, 28.649 millones de euros en subvenciones y ayudas directas (la IA no distingue entre una y otra al estar contabilizadas juntas). Por otro lado, y según estimaciones ampliadas, habría que elevar esa cifra a unos 41.500 millones de euros, si sumamos gastos similares, pero de las administraciones autonómicas y locales.
Esas subvenciones corresponden, tal y como se enuncia en la ley General de Subvenciones (Ley 38/2003), a una disposición dineraria sin contraprestación directa (al Estado), sujeta a cumplimiento de objetivos y a la realización de actividades concretas, con obligaciones formales de justificación por parte del beneficiario.
En el conjunto del Presupuesto General del Estado, incluidas todas las administraciones, corresponde aproximadamente al 5,73 %, lo que supone una cifra realmente elevada. Me gustaría creer que todo está justificado, pero es mucho pretender que realmente sea así, sin que intervenga el dedo ejecutor que dicta hacia dónde ha de ir toda esa enorme masa dineraria, con un control que se me antoja un tanto trivial. Por poner blanco sobre negro, en infraestructuras y transportes (el Ministerio con mayor gasto en inversión), el Estado empleó aproximadamente unos 10.000 millones en 2024, es decir tan solo una cuarta parte de lo dedicado a subvenciones y ayudas directas.
Hemos comprobado en reiteradas ocasiones, y últimamente es apabullante, la discrecionalidad de ayudas –por ejemplo, de la SEPI- e incluso de concursos de obras públicas – teóricamente sujetas a estrictas verificaciones- que se otorgan a consorcios de empresas (UTE) en las que intervienen unas insignificantes empresas sin trabajadores, pero con testaferros, que son las que ponen el cazo.
¿Qué sucede en esos departamentos que succionan las ONG, para conseguir unas decenas de miles de euros que sirven para montar un chiringuito, pagar uno o dos sueldos, y la calderilla que quede vaya a los supuestos afectados? Cuanto más, si, en vez de dar comida o cobijo a los pobres, es para organizar una muixeranga que, con todos mis respetos, no deja de ser folclore (y del bueno), mejor que muchas otras entidades, como se puede comprobar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
La discrecionalidad de una cantidad ingente de dinero para ayudas, a veces innecesarias, que sirven para, en no pocas ocasiones, pagar nóminas inútiles, no es, o no puede ser, una forma de palo y zanahoria para amenazar a colectivos, o para atraer hacia posiciones más favorables a toda esa caterva que gasta sin producir valor añadido, y con posibilidad de engrosar el voto cautivo.
En mi opinión, y ya puestos, dejaría que los ciudadanos dispusiesen libremente de sus rentas, por ejemplo una cantidad similar a la actual (5,5%), que desgravara el 100%, para que lo destine a fomentar lo que considere más oportuno: desde una ONG de refugiados a unas fiestas de moros y cristianos. Y que el Estado quede liberado de tanto interesado de un lado y del otro; y con menos burocracia. Todos salimos ganando.